LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.

Desde hace poco más de dos décadas, la equidad y la igualdad de oportunidades se han convertido en dos temas centrales para las políticas de educación superior en México. El acceso a los servicios educativos, como parte de los bienes sociales y del compromiso de los Estados nacionales, nos lleva al análisis de cuestiones más amplias relacionadas con la justicia social. Sin embargo, la educación es un bien que dista mucho de los objetos físicos que podemos acumular y su apropiación también difiere de la que hacemos con las propiedades materiales, de ahí la enorme complejidad para tratar la justicia en el ámbito educativo (Latapí, 1993).

DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR.

De acuerdo con Gairín y Suárez (2014), “la exclusión es un proceso dinámico y cambiante que se configura a partir de procesos sociales propios de cada época y contexto”; sin embargo, la educación superior se ha caracterizado por ciertas prácticas que la han hecho históricamente elitista; por ejemplo, en la mayoría de los países, este nivel no es obligatorio, es decir, su acceso no está garantizado por el estado. 

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA

El tema de la inclusión de las personas con discapacidad empezó a formar parte de la discusión internacional a partir de las conferencias mundiales de Educación para Todos de Jomtien (UNESCO, 1990) y sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca (UNESCO, 1994). En la primera, el principal objetivo fue la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, la universalización del acceso a la educación y el fomento a la equidad. Para lograrlo, el Marco de Acción proponía mejorar la calidad de la educación a través de estrategias eficientes y de bajo costo que permitieran solventar las necesidades de aprendizaje y potenciar el desarrollo genuino de las personas, en especial de aquellas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos (UNESCO, 1990).

Más tarde, en la Conferencia Mundial de Salamanca aparecieron por primera vez las nociones de inclusión educativa y de necesidades educativas especiales. En el Marco de Acción quedó establecido que el concepto de necesidades educativas especiales, aunque estaba dirigido primordialmente a los niños y jóvenes con discapacidad, también abarcaba a otros colectivos sociales, como los niños y jóvenes en situación de calle, los de poblaciones nómadas, los pertenecientes a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, los que realizaban algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado y los que habitaban en zonas marginadas o desfavorecidas (UNESCO, 1994).

ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEXICANAS

En México, la inclusión educativa de las personas con discapacidad ha sido un campo poco desarrollado, tanto en las políticas públicas como en la investigación académica (Gamio, 2009). Si bien la primera escuela de educación especial se fundó en los albores del Estado liberal mexicano, en 1867, durante décadas, los servicios educativos dirigidos a este colectivo se sustentaron en modelos médico-rehabilitadores o normalizadores-asistencialistas (Brogna, 2009) que ofrecían muy pocas posibilidades para su desarrollo personal e inclusión social.

Como ya señalamos, México tuvo su Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad hasta 2005 y aunque a la fecha no existe un marco normativo para sancionar su ingreso y permanencia en la educación terciaria, en el capítulo III de la señalada ley se establece que el Estado mexicano está obligado a “… Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa” (DOF, 2005). De lo que se colige que en este compromiso estaría comprendida la educación superior.

Hasta ahora, las principales estrategias de inclusión han estado dirigidas básicamente hacia los siguientes rubros:

1) Normativa y políticas institucionales.

• Incorporación de la problemática de la discapacidad en los planes institucionales de desarrollo.
• Elaboración de lineamientos específicos para la atención de los estudiantes con discapacidad o implementación de programas para la inclusión.
• Integración y apertura de unidades o departamentos de atención y servicios a los estudiantes con discapacidad.
• Firma de convenios con instancias gubernamentales, comisiones de derechos humanos, otras instituciones de educación superior y asociaciones de la sociedad civil.

2) Apoyos académicos y económicos.

• Desarrollo de intervenciones psicológicas, de aprendizaje o de habilidades sociales.
• Adecuaciones a las actividades o prácticas de las asignaturas y seminarios.
• Implementación de grupos de apoyo académico con estudiantes de semestres más avanzados o prestadores de servicio social.
• Oferta de programas educativos en línea para estudiantes con discapacidad.
• Otorgamiento de becas a los estudiantes con discapacidad.

3) Accesibilidad física y de información.

• Adecuaciones arquitectónicas de los espacios institucionales (rampas, senderos, regularización de banquetas, designación de cajones de estacionamiento y sanitarios para personas con discapacidad, instalación de elevadores y barandas).
• Emisión de manuales y lineamientos de arquitectura incluyente.
• Diseño de mapas de desplazamiento para las personas con discapacidad.
• Instalación de señalética en relieve, visual o en braille.
• Cambios de aulas para aquellos grupos o cursos a los que asisten estudiantes con discapacidad.
• Captura digital, auditiva o en braille de la información de bibliotecas y centros de documentación.

4) Otras medidas y servicios.

• Oferta de programas de posgrado, diplomados y cursos de formación continua sobre inclusión educativa y atención de las personas con discapacidad a profesores y público en general.
• Elaboración de censos sobre la población estudiantil con discapacidad.
• Bolsa de trabajo universitaria para las personas con discapacidad.
• Organización de actividades académicas sobre inclusión educativa y otros temas relacionados con la atención a las personas con discapacidad.
• Cápsulas informativas y campañas de sensibilización sobre la discapacidad y la inclusión educativa.
• Difusión de los temas de inclusión y discapacidad en medios impresos y electrónicos.
• Asistentes para la lectura del examen de admisión o impresión en braille.

Las medidas de inclusión educativa que llevan a cabo las instituciones de educación superior en México son bastante diversas y, como hemos dicho, muy pocas tienen información más o menos sistematizada. Nos dimos a la tarea de realizar un rastreo, entre documentos impresos y en línea, para conocer qué era lo que se estaba haciendo en esta materia. 

BIBLIOGRAFÍAS:

https://www.redalyc.org/jatsRepo/998/99843455011/html/index.html