LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.
Desde
hace poco más de dos décadas, la equidad y la igualdad de oportunidades se han
convertido en dos temas centrales para las políticas de educación superior en
México. El acceso a los servicios educativos, como parte de los bienes sociales
y del compromiso de los Estados nacionales, nos lleva al análisis de cuestiones
más amplias relacionadas con la justicia social. Sin embargo, la educación es
un bien que dista mucho de los objetos físicos que podemos acumular y su
apropiación también difiere de la que hacemos con las propiedades materiales,
de ahí la enorme complejidad para tratar la justicia en el ámbito educativo (Latapí,
1993).
DIMENSIONES
DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR.
De
acuerdo con Gairín y Suárez (2014), “la exclusión es un proceso dinámico y
cambiante que se configura a partir de procesos sociales propios de cada época
y contexto”; sin embargo, la educación superior se ha caracterizado por ciertas
prácticas que la han hecho históricamente elitista; por ejemplo, en la mayoría
de los países, este nivel no es obligatorio, es decir, su acceso no está
garantizado por el estado.
LA
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA
El
tema de la inclusión de las personas con discapacidad empezó a formar parte de
la discusión internacional a partir de las conferencias mundiales de Educación
para Todos de Jomtien (UNESCO, 1990) y sobre Necesidades Educativas Especiales
de Salamanca (UNESCO, 1994). En la primera, el principal objetivo fue la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y
adultos, la universalización del acceso a la educación y el fomento a la
equidad. Para lograrlo, el Marco de Acción proponía mejorar la calidad de la
educación a través de estrategias eficientes y de bajo costo que permitieran
solventar las necesidades de aprendizaje y potenciar el desarrollo genuino de
las personas, en especial de aquellas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos
(UNESCO, 1990).
Más
tarde, en la Conferencia Mundial de Salamanca aparecieron por primera vez las
nociones de inclusión educativa y de necesidades educativas especiales. En el
Marco de Acción quedó establecido que el concepto de necesidades educativas
especiales, aunque estaba dirigido primordialmente a los niños y jóvenes con
discapacidad, también abarcaba a otros colectivos sociales, como los niños y
jóvenes en situación de calle, los de poblaciones nómadas, los pertenecientes a
minorías lingüísticas, étnicas o culturales, los que realizaban algún tipo de
trabajo remunerado o no remunerado y los que habitaban en zonas marginadas o desfavorecidas
(UNESCO, 1994).
ESTRATEGIAS
DE INCLUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEXICANAS
En
México, la inclusión educativa de las personas con discapacidad ha sido un
campo poco desarrollado, tanto en las políticas públicas como en la
investigación académica (Gamio, 2009). Si bien la primera escuela de educación
especial se fundó en los albores del Estado liberal mexicano, en 1867, durante
décadas, los servicios educativos dirigidos a este colectivo se sustentaron en
modelos médico-rehabilitadores o normalizadores-asistencialistas (Brogna, 2009)
que ofrecían muy pocas posibilidades para su desarrollo personal e inclusión
social.
Como
ya señalamos, México tuvo su Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad hasta 2005 y aunque a la fecha no existe un marco normativo para
sancionar su ingreso y permanencia en la educación terciaria, en el capítulo
III de la señalada ley se establece que el Estado mexicano está obligado a “…
Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como
verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa” (DOF,
2005). De lo que se colige que en este compromiso estaría comprendida la
educación superior.
Hasta
ahora, las principales estrategias de inclusión han estado dirigidas
básicamente hacia los siguientes rubros:
1)
Normativa y políticas institucionales.
- Incorporación de la problemática de la discapacidad en los planes institucionales de desarrollo.
- Elaboración de lineamientos específicos para la atención de los estudiantes con discapacidad o implementación de programas para la inclusión.
- Integración y apertura de unidades o departamentos de atención y servicios a los estudiantes con discapacidad.
- Firma de convenios con instancias gubernamentales, comisiones de derechos humanos, otras instituciones de educación superior y asociaciones de la sociedad civil.
2)
Apoyos académicos y económicos.
- Desarrollo de intervenciones psicológicas, de aprendizaje o de habilidades sociales.
- Adecuaciones a las actividades o prácticas de las asignaturas y seminarios.
- Implementación de grupos de apoyo académico con estudiantes de semestres más avanzados o prestadores de servicio social.
- Oferta de programas educativos en línea para estudiantes con discapacidad.
- Otorgamiento de becas a los estudiantes con discapacidad.
3)
Accesibilidad física y de información.
- Adecuaciones arquitectónicas de los espacios institucionales (rampas, senderos, regularización de banquetas, designación de cajones de estacionamiento y sanitarios para personas con discapacidad, instalación de elevadores y barandas).
- Emisión de manuales y lineamientos de arquitectura incluyente.
- Diseño de mapas de desplazamiento para las personas con discapacidad.
- Instalación de señalética en relieve, visual o en braille.
- Cambios de aulas para aquellos grupos o cursos a los que asisten estudiantes con discapacidad.
- Captura digital, auditiva o en braille de la información de bibliotecas y centros de documentación.
4)
Otras medidas y servicios.
- Oferta de programas de posgrado, diplomados y cursos de formación continua sobre inclusión educativa y atención de las personas con discapacidad a profesores y público en general.
- Elaboración de censos sobre la población estudiantil con discapacidad.
- Bolsa de trabajo universitaria para las personas con discapacidad.
- Organización de actividades académicas sobre inclusión educativa y otros temas relacionados con la atención a las personas con discapacidad.
- Cápsulas informativas y campañas de sensibilización sobre la discapacidad y la inclusión educativa.
- Difusión de los temas de inclusión y discapacidad en medios impresos y electrónicos.
- Asistentes para la lectura del examen de admisión o impresión en braille.
Las
medidas de inclusión educativa que llevan a cabo las instituciones de educación
superior en México son bastante diversas y, como hemos dicho, muy pocas tienen
información más o menos sistematizada. Nos dimos a la tarea de realizar un
rastreo, entre documentos impresos y en línea, para conocer qué era lo que se
estaba haciendo en esta materia.
BIBLIOGRAFÍAS:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/998/99843455011/html/index.html
























